Proyecto de ley sobre asilo y licencias de manejo censuradas como excesivas
WASHINGTON (CNS) — A pesar de la oposición proveniente de grupos de fe, gobernadores, departamentos estatales de vehículos de motor, sindicatos y organizaciones que representan a latinos, nativos americanos, refugiados e inmigrantes, la Cámara votó 261 a favor y 161 en contra, el 10 de febrero, para permitir la expedición de licencias de manejo solamente para personas que puedan comprobar su ciudadanía o su estado de inmigrantes legales.
El presidente del comité sobre migración de los obispos de los Estados Unidos había estado entre los que animaban a los representantes de la Cámara a rechazar el proyecto de ley conocido en inglés como "Real ID Act, H.R. 418", diciendo que sus normas podrían debilitar la protección de asilo, socavar la seguridad nacional y promover una acción política errónea.
Mediante el proyecto de ley se sentarían los principios para licencias de manejo expedidas por el estado, con prohibición para que las agencias federales acepten licencias de manejo como identificación para ganar acceso a edificios del gobierno o viajes por transporte aéreo, a menos que cumplan con los nuevos requisitos. También, el proyecto de ley haría más gravosa la prueba de persecución para los solicitantes que quisieran conseguir asilo político, y pasaría por alto todas las leyes que fueran obstáculo para los planes de edificación de barreras en la frontera sur de los Estados Unidos.
El estudio de este proyecto de ley por parte del Senado se espera que sea más completo, pues los dirigentes republicanos del Senado han expresado su interés de enfocarlo como parte de un proyecto de ley más extenso.
En una carta del 9 de febrero, dirigida a los miembros del Congreso, el obispo Gerald R. Barnes de San Bernardino, California, presidente del comité sobre migración dependiente de los obispos, dijo que las medidas del proyecto de ley lograrían muy poco para evitar el uso de licencias de manejo por parte de terroristas, como indican los que apoyan el proyecto. Dijo él mismo que se había aprobado un proyecto de ley sobre seguridad de la patria con anterioridad de dos meses en el que se incluía una medida adecuada para evitar el uso de licencias de manejo con propósitos fraudulentos.
Varios estados han empezado a expedir licencias de manejo sin tomar en cuenta el estado de residencia legal del solicitante, como medio de ayudar a que todos los conductores de vehículos tengan seguro y puedan señalarse como responsables en caso de accidente.
El obispo Barnes también criticó las medidas del proyecto de ley con respecto al asilo, que les requiere a los solicitantes que prueben que huyeron de la persecución con base a religión, nacionalidad, raza, grupo social u opinión política.
"Esta divergencia significativa, en relación a las leyes actuales, podría invalidar casos en que la ley afirme que una persona puede tener motivos complejos cuando actúa en persecución de alguien", decía en su carta. "Mediante esta medida, aparentemente, se les requeriría a las víctimas saber qué es lo que está en la mente del perseguidor antes de que puedan probar su derecho. Medida que se presentaría en extremo difícil de probar, si no imposible".
En su carta también se decía que las medidas del proyecto de ley de expeditar la construcción de murallas en la frontera sur, entre Estados Unidos y México, "podría ser un decreto ampliamente peligroso que casi no tiene precedente".
"En forma inquietante, el proyecto de ley conseguiría pasar por alto todas las otras leyes; incluyendo, por ejemplo, las leyes en contra de asesinato, las leyes que protegen los derechos civiles, las leyes que protegen la salud y la seguridad de los trabajadores, las leyes que señalan salario mínimo o salario usual, leyes del medio ambiente y leyes por las que se deben de respetar los terrenos sagrados de panteones", se decía.
Mediante el proyecto de ley también se prohibiría la revisión judicial de cualquier decisión o acción relacionada a la sección de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidades, del 1996; y se les impediría a los juzgados que ordenaran ayuda compensatoria por problemas causados por la construcción en la frontera.
El Congreso Nacional de Indígenas Americanos presentó objeciones ante las medidas, que no tomarían en cuenta otras leyes, de la construcción de un muro fronterizo.
En una carta de la directora del grupo, Jacqueline L. Johnson, se decía que las tierras tribales abarcan más de 260 millas de frontera internacional, cuya posesión les pertenece a 38 grupos tribales. Considerando que los dirigentes tribales están comprometidos a ayudar en la contención de la ola de inmigración ilegal y prevenir el terrorismo, dijo ella, "el efecto de postergación (de leyes actuales) les podría negar a los funcionarios de gobiernos tribales el acceso a la información y consulta para preservar y proteger sitios culturales e hitos, ceremonias y formas de vida, obstaculizando el evitar daños irreparables".