Defensores de reforma de inmigración ven bueno, malo en proyecto de ley de Senado

Por Patricia Zapor

Catholic News Service

WASHINGTON (CNS) — Los defensores de un plan abarcador de reforma de inmigración dijeron que el proyecto de ley aprobado el 25 de mayo por el Senado es más punitivo y menos extenso que lo que ellos habían esperado que fuera, pero que también incluye muchas cláusulas que ellos buscaban.

Mediante una votación de 62 a 36 el Senado aprobó un proyecto de ley que le daría a los inmigrantes ilegales una oportunidad de legalizar su estado, crearía un programa de trabajadores invitados para unos 1,5 millones trabajadores agrícolas, añadiría 370 millas de nueva cerca de tres capas a lo largo de la frontera mexicana y aumentaría el número de visas para los trabajadores diestros y no diestros.

El proyecto de ley también ampliaría la Patrulla Fronteriza, crearía instalaciones adicionales de detención para inmigrantes ilegales, aumentaría las penalidades a los patronos que emplean trabajadores ilegales y deportaría inmigrantes ilegales que han sido convictos de un delito mayor o de tres delitos menores.

El cardenal de Los Ángeles, Roger M. Mahony, en una declaración del 25 de mayo elogió las cláusulas del proyecto de ley por permitirle a muchos de los 12 millones de inmigrantes ilegales estimados que viven en el país un camino a la ciudadanía y proveer un programa de trabajador temporal y mejorar las normas de reunificación familiar.

"Pero el proyecto de ley también contiene cláusulas que son de naturaleza innecesariamente punitivas y no ayudarán a reparar el sistema de inmigración quebrado de nuestra nación", dijo él. "Las provisiones objetables incluyen la detención obligatoria a lo largo de la frontera y una extensión de la remoción rápida de los buscadores de asilo."

"La construcción de una muralla de 370 millas de largo y el despliegue de fuerzas de la Guardia Nacional a lo largo de nuestra frontera con México aplican incorrectamente una solución militar a un problema que es de naturaleza socioeconómica", dijo él.

El obispo Gerald R. Barnes, de San Bernardino, California, presidente del Comité Sobre Emigración de los obispos estadounidenses, dijo en una declaración que aunque la conferencia episcopal estadounidense "no está de acuerdo con cada una de las cláusulas del proyecto de ley aprobado por el Senado, aplaudimos su enfoque abarcador y creemos que contiene muchos de los elementos necesarios para ayudar a solucionar los problemas asociados con el sistema actual de inmigración de nuestro país".

El cardenal Mahony dijo que la iglesia doblaría sus esfuerzos de presionar al Congreso para una legislación "que sea justa y humanitaria" y de convencer a todos los miembros del Congreso que deben oponerse a "las cláusulas innecesariamente severas y punitivas que harán poco o nada para ayudar a nuestra nación a lograr una reforma significativa de inmigración".

Él también dijo que se opondría a "un proyecto de ley final que salga del comité de conferencia Cámara-Senado si éste remueve o debilita significativamente las cláusulas de legalización del proyecto de ley del Senado, incluyendo el camino a la ciudadanía".

El obispo Barnes exhortó a la Cámara y al Senado a trabajar juntos por un proyecto de ley final que simplifique y agilice el camino a la ciudadanía para las personas que están ilegalmente en el país, como lo hace la versión del Senado. Entre los elementos que los obispos estadounidenses apoyan él también enumeró un programa de trabajadores temporales con una opción para la residencia permanente y cambios en el sistema de inmigración basado en la familia.

Padre Larry Snyder, presidente de Caridades Católicas USA, dijo en la declaración del 26 de mayo que el proyecto de ley del Senado es "un paso positivo hacia mejorar la seguridad de nuestra nación mientras pone a los trabajadores indocumentados y a sus familias en un camino hacia la residencia permanente legal y a la ciudadanía".

Él dijo que está preocupado profundamente por "las cláusulas de aplicación de ley severas y punitivas" del proyecto de ley que denegarían a los inmigrantes los derechos a un proceso debido y "hasta le harían daño a los inmigrantes que están ilegalmente en Estados Unidos actualmente".