La capital de
México aprueba la despenalización
MÉXICO, jueves, 26 abril 2007
(ZENIT.org-El Observador).- Intensa jornada de protesta se vivió este martes en la capital mexicana, tras la aprobación, por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)-- de una controvertida ley que despenaliza
el aborto en esta entidad federativa.
Grupos católicos y de otras confesiones cristianas se apostaron, desde temprana hora, frente a la sede de la Asamblea con la consigna de presionar para que, al menos,
una tercera parte de los 66
asambleístas se opusiera a
le iniciativa impulsada por la mayoría de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tuviera que ser analizada por el Tribunal
Superior de Justicia de la Nación.
Finalmente, tras un
maratónico debate, el sí a
la ley se impuso. La Asamblea Legislativa del
Distrito Federal aprobó reformas
a los códigos vigentes para despenalizar el aborto en la ciudad de México durante
las primeras 12 semanas de embarazo.
Los cambios al Código Penal y a la Ley de Salud se aprobaron con 46 votos a favor y 19 en contra, con una
sola abstención, en un debate que
fue trasmitido vía Internet y que ha acaparado la atención de todos los mexicanos las últimas semanas.
La Iglesia católica del país ha movilizado toda su fuerza para
impedir que la mayoría legislativa con la que cuenta el PRD (partido de izquierda) en la ALDF consumara la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación; sin
embargo, ha encontrado una férrea resistencia en el ala
radical que controla la
capital del segundo país
con mayor número de católicos
del mundo.
De hecho trascendió este martes que la Secretaría
de Gobernación inició un «procedimiento administrativo»
contra el cardenal y arzobispo
primado de México, monseñor
Norberto Rivera Carrera, y contra el portavoz del arzobispado, Hugo Valdemar, quienes fueron acusados de violar la ley en el debate sobre la despenalización del aborto.
La dependencia gubernamental --equiparable al Ministerio del Interior-- ya turnó la acusación a la Arquidiócesis Primada de México para que se inicie
el procedimiento previsto
en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, tras la denuncia del partido Alternativa Social, uno de los principales promotores del aborto en México.
Apenas
el viernes pasado, al concluir la 83 Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), los obispos de todo el país habían
dicho que «una obligación primaria del Estado consiste en
velar y defender el derecho natural de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Si una ley positiva priva
a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el
Estado niega la igualdad de
todos ante la ley».
Más
aún, «cuando el Estado no
pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil,
se quebrantan los fundamentos
mismos
El lunes pasado, durante el funeral de quien fuera obispo
de Aguascalientes, monseñor Ramón Godínez
Flores, el arzobispo de Acapulco, monseñor
Felipe Aguirre Franco, había recordado
que la excomunión prevista por las
leyes de la Iglesia se producía de manera directa para todos
aquellos que colaboren en el aborto, primeramente lo legisladores que lo propicien.
El arzobispo de
Acapulco se unía, así, a las reiteradas intervenciones del cardenal
Norberto Rivera Carrera, quien
ha asumido de frente la lucha para defender la vida en la capital de la República
mexicana, lucha que ya ha motivado
una demanda legal en su contra por violar
las confusas leyes mexicanas que rigen en la materia y que impiden a los sacerdotes siquiera sostener una opinión en materia política.
Finalmente,
cabe destacar que tanto la presidencia
de México,